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La celebración del Día del Poder Judicial encuentra a la República Dominicana enfrentando desafíos significativos en la materia, especialmente en relación con la alta proporción de presos preventivos en las cárceles del país.
Según datos recientes, de una población carcelaria, de aproximadamente 25,600 internos, alrededor del 60% se encuentran en prisión preventiva.
Juristas dominicanos que ejercen en los tribunales del país, en diversas ocasiones se han pronunciado sobre el tema, destacando que el elevado porcentaje de detenciones preventivas refleja una sobreutilización de esta medida cautelar, que debería ser aplicada como último recurso, según los principios del derecho penal moderno.
La prisión preventiva prolongada sin una sentencia condenatoria no solo vulnera los derechos fundamentales de los individuos, sino que también contribuye al hacinamiento carcelario que actualmente existe en República Dominicana, con una sobrepoblación que alcanza el 116%.
El hacinamiento y las condiciones inadecuadas en las prisiones dominicanas son preocupaciones constantes. Un informe reciente indica que el 62% de la población reclusa vive en condiciones de hacinamiento, lo que agrava la situación de los internos y dificulta su rehabilitación.
La mora judicial, es decir, la demora en la resolución de los casos, es una de las principales causas de este problema.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, ha reconocido que la mora judicial trastorna el sentido de justicia en la población y lacera la vida de quienes la padecen.
En un esfuerzo por abordar esta situación, Molina ha señalado, aprovechando la Celebración del Día del Poder Judicial el pasado 7 de enero, que todas las salas de la Suprema Corte trabajan actualmente en casos ingresados en 2023, con la meta de no tener expedientes pendientes por más de seis meses, buscando erradicar ese mal que él mismo ha reconocido afecta en buen desenvolvimiento del Poder Judicial.
En ese sentido, entiendo que es urgente que el Poder Judicial implemente reformas estructurales que promuevan la eficiencia y la transparencia en los procesos judiciales.
Vivimos en tiempos modernos con herramientas a la mano que facilitan la solución de estos problemas que afectan a ese importante Poder del Estado. La adopción de tecnologías de la información, la capacitación continua de jueces y personal administrativo, y la promoción de mecanismos alternativos de resolución de conflictos son pasos esenciales para reducir la mora judicial y, por ende, la dependencia excesiva de la prisión preventiva.
Además, es fundamental que se fortalezcan las garantías procesales para los acusados, asegurando que la prisión preventiva se utilice únicamente en casos estrictamente necesarios y por el tiempo mínimo indispensable. Esto beneficiaria al Estado, puesto que significaría el ahorro de cuantiosos recursos que se invierten en esa excesiva población carcelaria que, con una justicia aplicada con un justo apego a las normas procesales, pudiera ser mucho menor.
La implementación de medidas cautelares alternativas, como la libertad bajo fianza, el arresto domiciliario o la supervisión electrónica, puede contribuir a disminuir la población de presos preventivos y aliviar la sobrecarga del sistema penitenciario. Son alternativas establecidas legalmente en el Código procesal Penal de la República Dominicana.
La situación actual del Poder Judicial en la República Dominicana requiere una atención urgente y un compromiso decidido por parte de las autoridades y la sociedad en general. Solo a través de una justicia eficiente, transparente y respetuosa de los derechos humanos se podrá fortalecer el Estado de derecho y garantizar la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales.
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