Diputados aprueban en segunda lectura ley que modifica el método de elección del Procurador General de la República.
Santo Domingo, República Dominicana – La Cámara de Diputados aprobó este martes en segunda lectura el proyecto de ley que establece un nuevo método para la selección del Procurador General de la República. Este cambio representa un avance significativo en el fortalecimiento del sistema judicial dominicano y responde a los reclamos de diversos sectores por mayor independencia y transparencia en la designación de este importante funcionario.
El proyecto, que fue ampliamente debatido en ambas cámaras, propone que la elección del Procurador General ya no sea discrecional del Presidente de la República, sino que se realice mediante un proceso que garantice la participación de diferentes sectores de la sociedad y cumpla con criterios de mérito, capacidad y experiencia.
Detalles del Proyecto
La iniciativa establece un mecanismo de selección basado en la evaluación de candidatos por un consejo integrado por representantes de los tres poderes del Estado, la sociedad civil y el sector académico. Este consejo tendrá la responsabilidad de evaluar y presentar una terna de aspirantes, de la cual será seleccionado el Procurador General.
Impacto en la institucionalidad
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, destacó que esta reforma busca robustecer la independencia del Ministerio Público y asegurar que quienes ocupen este cargo actúen con imparcialidad, sin responder a intereses partidarios.
“Con esta ley damos un paso firme hacia un sistema judicial más transparente y confiable, fortaleciendo la democracia y la confianza ciudadana en nuestras instituciones”, expresó Pacheco.
Próximos pasos
El proyecto será enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación. De convertirse en ley, la República Dominicana marcaría un precedente en la región en cuanto a la independencia de su sistema de justicia.
La sociedad civil, organizaciones internacionales y juristas han expresado su respaldo a esta iniciativa, considerándola un avance significativo en la lucha por la institucionalidad y la transparencia en el país.
