Por Dionys Pinales:
Especialista en Seguridad Ciudadana.
En los últimos años, la República Dominicana ha sido testigo de un fenómeno preocupante: la creciente participación de menores de edad en hechos delictivos. Cada vez es más común ver en las noticias casos de robos, tráfico de drogas e incluso homicidios donde aparecen niños de apenas 12 o 13 años. Pero más allá del impacto mediático y la indignación que estos casos generan, hay que detenerse a mirar la raíz del problema: vivimos en una sociedad que por décadas le ha fallado a su niñez y adolescencia.
La participación de menores en el delito no surge por casualidad. Es el resultado de múltiples carencias acumuladas: hogares rotos, abandono escolar, desigualdad social, falta de oportunidades, escasez de espacios recreativos y la violencia que se ha normalizado en muchos barrios. Muchos de estos jóvenes crecen sin un modelo positivo que seguir, rodeados de ejemplos de impunidad, desempleo y desesperanza. En ese contexto, el delito aparece no solo como una forma de buscar sustento, sino también como una manera de ganar “respeto” o reconocimiento en su entorno.
El sistema educativo, que debería ser el principal escudo de protección, tampoco está cumpliendo su rol. Las aulas llenas, la falta de orientación vocacional y la poca conexión entre la escuela y la comunidad provocan que muchos adolescentes se sientan fuera de lugar en un sistema que no los escucha ni los representa. En vez de acompañarlos, los marginamos o expulsamos, empujándolos más hacia la calle.
Es momento de cambiar la mirada. No podemos seguir actuando solo cuando el daño ya está hecho. Hay que apostar a la prevención y no al castigo. Es urgente fortalecer las políticas públicas de protección, educación y reinserción social, y abrir más espacios de recreación sana, gratuita y supervisada, especialmente en los sectores más vulnerables.
Desde el Estado y las comunidades debemos impulsar programas que integren:
• Educación técnica y artística accesible en los barrios, para que los jóvenes desarrollen habilidades útiles y productivas.
• Centros comunitarios y deportivos que sirvan como espacios de formación en valores, liderazgo y convivencia.
• Programas de mentoría con líderes locales, docentes y profesionales que acompañen a los jóvenes en riesgo.
• Campañas que promuevan la responsabilidad familiar y comunitaria en la crianza, mostrando sin adornos las consecuencias reales de caer en la delincuencia.
También es necesario que estas políticas sean sostenibles en el tiempo, no simples proyectos de temporada. La prevención de la delincuencia juvenil debe ser parte de una estrategia nacional en la que trabajen de manera coordinada los ministerios de Educación, Juventud, Interior y Policía, junto al CONANI, el Consejo Nacional de Drogas y la Policía Nacional.
Si de verdad queremos reducir la criminalidad, debemos empezar invirtiendo en la infancia. No habrá paz mientras nuestros niños crezcan entre la desesperanza y la violencia. Los menores en conflicto con la ley no son el problema principal, sino el reflejo del entorno en el que se desarrollan.
Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo. Pero eso requiere voluntad política, compromiso social y, sobre todo, empatía. Cada adolescente que logramos rescatar de la calle es una victoria no solo para su familia, sino también para nuestras comunidades y para toda la República Dominicana.
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