Santo Domingo, RD. – La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó auto de no ha lugar a favor del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, en el marco del proceso judicial conocido como caso Calamar.
La decisión fue emitida tras concluir la fase preliminar del proceso, etapa en la que el tribunal evaluó las pruebas y los argumentos presentados por el Ministerio Público, así como los planteamientos de la defensa del exfuncionario.
Con el auto de no ha lugar, el tribunal determinó que no existen elementos suficientes para ordenar la apertura de un juicio de fondo contra Castillo por los hechos que le fueron atribuidos dentro del expediente acusatorio.
Durante el desarrollo del proceso, la defensa sostuvo que las imputaciones carecían de fundamentos probatorios que permitieran comprometer la responsabilidad penal de su representado, mientras que el Ministerio Público había solicitado la apertura a juicio argumentando la existencia de evidencias suficientes para sustentar la acusación.
La decisión de la magistrada representa un giro significativo dentro del denominado caso Calamar, uno de los expedientes de presunta corrupción administrativa de mayor repercusión en la República Dominicana durante los últimos años.
Tras conocerse el fallo, abogados vinculados al proceso valoraron la decisión como una reafirmación de los principios del debido proceso y la tutela judicial efectiva. Mientras tanto, se espera la reacción oficial del Ministerio Público respecto a las acciones legales que pudiera emprender en relación con la decisión judicial.
El caso Calamar involucra a varios exfuncionarios y particulares señalados por el órgano acusador de participar en un presunto esquema de corrupción administrativa vinculado al manejo de recursos públicos y pagos irregulares realizados por el Estado.
Con esta decisión, Gonzalo Castillo queda excluido de enfrentar un juicio de fondo por los hechos examinados en esta fase del proceso, salvo que instancias superiores adopten una decisión distinta como resultado de los recursos que pudieran ser interpuestos conforme a la legislación vigente.
La decisión judicial ha generado amplia atención en los ámbitos político, jurídico y social, dada la relevancia pública del caso y las implicaciones que podría tener para el desarrollo de otros procesos vinculados a presuntos actos de corrupción administrativa.
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